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Conclusiones

Conclusiones Encuentro de Juristas

El ENCUENTRO DE JURISTAS tras estudiar, debatir y analizar la situación jurídica del Sáhara Occidental, de su población, su territorio y sus riquezas naturales.

ADOPTA LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

  1. Debe recordarse que el Sáhara Occidental fue declarado por Naciones Unidas Territorio No Autónomo en 1963. La invasión del Sáhara Occidental por el Régimen marroquí en 1975 carece de cualquier efecto jurídico válido para el Derecho Internacional, implicando dicha actuación un mero ejercicio de violencia.
  2. La permanencia ilegal de Marruecos durante cuarenta y cuatro años como país ocupante del Sáhara Occidental es contraria al Dictamen de la Corte Internacional de Justicia, y se mantiene con la connivencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en especial de Francia y España, volviendo a negar la inclusión de la verificación de los Derechos Humanos en el mandato de la MINURSO. Sin embargo, la violación sistemática por parte de Marruecos de los Derechos Humanos de la población saharaui en el Territorio No Autónomo exige la inmediata protección y garantía de los mismos a cargo de Naciones Unidas, mediante la ampliación de las competencias de la MINURSO.
  3. Es de obligada observancia el Derecho del Pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación, y tal derecho debe plasmarse a través de la celebración de un referéndum libre, democrático y transparente en el cual figure la opción de la independencia.
  4. Marruecos carece de jurisdicción sobre el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental y su población, por lo que los procesos judiciales contra los defensores pro-derechos humanos saharauis son nulos, todo lo cual se deriva, además, del auto adoptado el 4 de julio de 2014 por el Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Junto a ello, además, la Administración marroquí niega sistemáticamente los elementos básicos de los procedimientos   judiciales, impidiendo el ejercicio del derecho de defensa a los saharauis, encarcelados por defender su condición, su identidad y los Derechos Humanos de su Pueblo.

El Régimen de Marruecos debe proceder a la inmediata puesta en libertad de los presos, y al estricto respeto de los derechos fundamentales de reunión, asociación, manifestación, libertad de expresión y circulación, creación de partidos políticos y la exigencia pública de la celebración de un referéndum por la población concernida, derechos que el propio Derecho a la Autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental concentra como corolario.

5. El Congreso de los Diputados del Estado español debiera solicitar, mediante la creación de una Comisión Especial, una completa y detallada información sobre los hechos que condujeron a la firma de los Acuerdos de Madrid. Y una vez determinados éstos, si las anteriores conclusiones apuntadas son correctas, adoptar un Acuerdo por el que se declare que, a juicio del Estado español, la Declaración de Principios hecha en Madrid el 14 de noviembre de 1975, es un Acuerdo nulo conforme al Derecho Internacional en vigor y, consiguientemente, que el Gobierno debe orientar su política internacional, en relación con la cuestión del Sáhara Occidental, en toda ocasión y circunstancia, de conformidad con el nuevo Acuerdo que se adopte. Hasta ahora la posición de los sucesivos Gobiernos del Estado español resulta difícilmente admisible, pues equivale a admitir los Acuerdos de Madrid pese a su nulidad.

 6. La creación y funcionamiento del MECANISMO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA trae causa de la ratificación por el Estado español del Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas. Entre otras obligaciones se establece la de que cada Estado Parte permitirá las visitas a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito. Estas visitas se llevarán a cabo con el fin de fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Debemos solicitarse, por tanto, del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura que incluya, dentro del catálogo de centros de detención objeto de visitas preventivas, a los centros de reclusión ubicados en el territorio del Sáhara Occidental.

7. Habitualmente cuando los medios de comunicación hacen referencia al Frente POLISARIO, el representante internacionalmente reconocido del Pueblo saharaui, se le tilda de forma intencionada de independentista, lo que induce a pensar que se trata de un movimiento secesionista, y lo cual no es extrapolable en una analogía con otros movimientos de liberación.

8.- La lista de hechos que reflejan la cualidad del Frente Polisario como representante único y legítimo del Pueblo saharaui, se ampara en imbatibles argumentos jurídico.

Mientras el Sáhara Occidental figure en la lista de los Territorios No Autónomos, España seguirá siendo la Potencia Administradora de iure del Territorio, como fue confirmado por la Audiencia Nacional en su auto de 4 de julio de 2014.

Pues bien, lo que se busca es que España constate que el Frente Polisario es el representante legítimo del Pueblo saharaui y que viene ejerciendo en tal condición desde el 10 de mayo de 1973.

Y la consecuencia jurídica de la constatación de hechos es el reconocimiento de derechos. El Estado español debe reconocer el estatuto diplomático del Frente Polisario.

Sabido es que la cuestión del Sáhara Occidental es una flagrante injusticia. España y la UE tienen una responsabilidad muy clara para desempeñar un papel clave en la resolución de este conflicto de lleva más de cuarenta y cuatro años.

El artículo 56 de la Carta de NNUU establece que “los Estados Miembros se comprometen a adoptar medidas para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55” (la libre determinación de los pueblos).

El Estado español debe adoptar un enfoque más activo para poner término a este conflicto y, dada su singular responsabilidad, tomar la decisión de elevar el rango de la Representación del Frente POLISARIO, reconocer su estatuto diplomático, como gesto político de apoyo al proceso de paz de la ONU.  

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